CEIM celebró una jornada informativa sobre la nueva obligación de utilizar la factura electrónica en operaciones comerciales entre empresas y profesionales; una nueva exigencia establecida por la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas -más conocida como Ley Crea y Crece-, cuya aplicabilidad y efectividad requiere de la aprobación de un reglamento en el que todavía está trabajando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Si bien todavía no se ha publicado ni tan siquiera el proyecto de reglamento y que éste todavía tendrá que ser sometido a los trámites de información pública, lo que sí es seguro es que la utilización de la factura electrónica se exigirá en dos fases: en una primera será obligatoria en el plazo de un año desde que se apruebe el reglamento, para las empresas de mayor tamaño, esto es, aquellas que facturan más de 8 millones de euros, y, en una segunda fase, para las demás empresas, que tendrán un margen de dos años.
Indudablemente, la implantación de la factura electrónica implicará un impulso a la digitalización de las empresas y, si bien, en muchos casos tendrán que realizar una inversión, lo cierto es que también va a conllevar varias ventajas como una mayor trazabilidad de los pagos, una mayor transparencia e información acerca estos, una mayor agilización de su tramitación, así como una reducción de costes y ventajas de carácter medioambiental, entre otras. Además, constituye una herramienta que va a contribuir a reducir la morosidad comercial.
Esta sesión informativa, celebrada en el marco del Convenio firmado por CEIM y el Ayuntamiento de Madrid, y con la colaboración con Leyton y SERES, contó con la participación de la Directora General de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Mª Ángeles Prieto, quien durante su intervención recordó que de cara a las inversiones necesarias para adaptarse a la facturación electrónica, las empresas podrían contar con los diferentes programas públicos de ayuda a la digitalización.